JÓVENES CIUDADANOS: Entre opacidad y amiguismo, un país de promesas incumplidas

Para cerrar cada módulo del programa Jóvenes Ciudadanos, los participantes realizan un ensayo sobre alguna de las sesiones. Hoy compartimos el de Isabella González sobre corrupción, tema surgido de la clase de Gobiernos Abiertos, uno de los mejores ensayos del tema.

ENTRE OPACIDAD Y AMIGUISMO, UN PAÍS DE PROMESAS INCUMPLIDAS

No es un secreto para nadie la cantidad de denuncias e investigaciones sobre corrupción que se han llevado a cabo en casi toda América Latina, pero Venezuela es un caso de hecho más curioso, porque todos los años implementando la malversación y el tráfico de influencias como modelo de gobierno ha hecho que toda una generación esté creciendo bajo la sombra de la opacidad y que incluso parte de la sociedad lo haya normalizado y creado cierto grado de permisividad hacia la misma, siendo propensos hasta a justificar algunas prácticas corruptas.

Para definir la corrupción, la Real Academia Española (2001) precisa que es la “acción y efecto de corromper o corromperse, estragar, viciar, pervertir” o “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”. Para especificar la implementación de la corrupción en las organizaciones públicas, la definición hace énfasis en que las prácticas consisten en la “utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Hoy en día Venezuela es percibido como el país más corrupto del continente americano, basándose en el estudio que hizo Transparencia Internacional en el 2020, donde comparaba la actuación de 180 países por sus niveles de corrupción en el sector público, nuestra nación alcanzó a acumular unos escasos 15 puntos en una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente), pero esto no es una sorpresa ya que el gobierno nacional ha malgastado ante nuestros ojos un trillón de dólares proveniente del mayor pico petrolero de la historia de Venezuela, y el manejo de recursos por la crisis sanitaria del COVID-19 solo ha hecho que se evidencie el desvío de fondos y presupuesto público.

Con respecto a esto, y conociendo que la corrupción se vale de elementos como los paraísos fiscales, la existencia de monopolios, la licitación de obras civiles, entre otros indicadores, para nutrirse de los recursos nacionales e internacionales tanto públicos como privados, recaemos en que quienes tienen el poder de tomar las decisiones conducen las políticas estatales a una mala asignación de recursos, porque están más interesados en obtener el nivel más alto de beneficios con fines egoístas y no en tomar la decisión más favorable, por ello también trae como consecuencia que el costo de los servicios públicos aumente, y como resultado, los países corruptos tienen menos inversiones y se vuelven más pobres.

Las prácticas corruptas se han presentado en cada aspecto de la vida ciudadana, una combinación de inseguridad, escasez de recursos, un estado débil e incluso ausente, infraestructuras deficientes, salud en declive, educación de baja calidad, el medio ambiente y hasta en el deporte. Por ejemplo en el 2014 salió a la luz pública la asignación fraudulenta de 66 millones de dólares preferenciales a conductores de autos de carrera, también los rumores de corrupción en la Federación Venezolana de Fútbol tras el arresto del anterior presidente en el 2015 por cargos de fraude y malversación, o incluso la injerencia política de Pedro Infante, quien siendo ministro para la Juventud y el Deporte ocupó los cargos de presidente del IND y segundo vicepresidente de la federación, es un hecho viola los estatutos de la FIFA donde se deja claro que los cargos en sus federaciones miembros deben ser independiente de cualquier cargo político para evitar el conflicto de intereses, pero nadie dice nada al respecto.

Con la corrupción, la concepción de democracia se desvirtúa, porque se rompe el vínculo entre la toma de decisiones colectivas y el poder de la gente para influir en dichas decisiones ya que siempre serán escuchadas las mismas personas elegidas a dedo, entonces trae como consecuencia que la ciudadanía tenga la convicción de que participar activamente en los espacios de debate público no vale la pena, y comienzan a perder confianza en el sistema democrático, pues las cúpulas de poder se enfocan en satisfacer intereses particulares y no los de los civiles que conforman el público objetivo del mandato. Esta indiferencia ocasiona que los individuos se replieguen, transformándose en actores apáticos y pasivos, y no asumen el compromiso de ejercer la formación de la opinión pública como mecanismo de fiscalización del ejercicio del poder.

Por lo tanto, además de estimular la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y Estados, a su vez hace perder el principio de igualdad ante la ley, la deslegitimación de los poderes públicos y del Estado de derecho, que luego se traduce en una muy alta crisis de gobernabilidad.

La mayoría de entes públicos no hacen rendición de cuentas desde hace años y no entregan datos, presupuestos o cualquier información relevante para la documentación personal o pública, a pesar de que el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expone que “Es derecho (de toda persona) acceder a la información y datos que sobre sí misma o sobre sus bienes que consten en registros oficiales o privados (…) También podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas.”

Es así como se entiende que la trasformación institucional del país que ponga fin a “La Gran Corrupción” como sistema debe iniciar por promover la formación académica complementaria que permita a los ciudadanos tener la capacidad de reconocer y rechazar cualquier acto de corrupción en sus distintos niveles y la articulación de la sociedad civil para crear un plan de trabajo enmarcado en recuperar los principios de la meritocracia, la educación, la creatividad, el trabajo duro y la constancia.

De igual manera, concienciar sobre lo crucial que un modelo de gobernabilidad que priorice el acceso a la información pública, la rendición de cuentas presentadas abiertamente y con huella digital, así como el aprovechamiento las tecnologías de Comunicación e Información para mejorar los procesos de participación ciudadana y evitar que estos patrones sean repetidos en el país.

Por último, exigir que se reconozca la insuficiencia de las leyes anticorrupción para poder comenzar a formular las reformas políticas necesarias para el desarrollo de un país democrático, que en todas las etapas de gobierno se anteponga la rendición de cuentas y la transparencia como principios indoblegables de la gestión pública, para reivindicar la asociación de los servidores públicos con el clientelismo y el tráfico de influencias.