JÓVENES CIUDADANOS: POLÍTICA Y DEMOCRACIA

Para cerrar cada módulo del programa Jóvenes Ciudadanos, los participantes realizan un ensayo sobre alguna de las sesiones. Hoy compartimos el de Ricardo Carvajal sobre Política y Democracia, uno de los mejores ensayos del tema.

El conocido politólogo Roger Soltau definió la ciencia política como «el estudio del Estado, de sus objetivos, de las instituciones que permiten su realización, de las relaciones del Estado con sus miembros individuales y con los demás listados, así como de lo que los hombres han pensado, escrito y dicho sobre estas cuestiones». La postura que identifica política y Estado es muy común entre los politólogos, pues la mayoría y desde luego las modélicas relaciones o actividades políticas tienen lugar en el marco estatal y porque en el marco estatal actúan y operan la mayoría de los observadores.


La “democracia” o gobierno de la ciudadanía, tiene como eje central la toma de “decisiones” por parte de la misma. La “ciudadanía” o el “pueblo” son los soberanos y en ellos reside el derecho de decidir. La democracia, es una riqueza que da a quien la posee el derecho de decidir. En muchas situaciones, el derecho de decidir se confunde con el derecho de “elegir”; sin embargo, elegir es una forma limitada de decidir, ya que decidir no necesariamente implica la selección de alternativas conocidas, sino la participación activa de la ciudadanía en el diseño y construcción de su realidad.


El más reciente informe del Latinobarómetro, publicado en 2018, presentó un diagnóstico preocupante para América Latina: el paulatino declive de los indicadores que revelan un deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región; lejos de hallarse evidencias de consolidación democrática se identificó más bien un proceso de desconsolidación. A esto le han puesto el título de diabetes democrática.


Una región profundamente desigual y con Estados débiles va manifestando cada vez más que lo que desea son gobiernos eficaces, que atiendan a la gente y sus necesidades, y que si cumplen esa condición, está dispuesta a no prestarle demasiada atención a su legitimidad. Una de las preguntas más icónicas del Latinobarómetro año a año es la del apoyo a la democracia. En América Latina solo el 48% de la población manifiesta que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Un caso relevante es el de Venezuela donde, luego de años de dictadura.


Actualmente la narrativa dominante asegura que vivimos en una época postdemocrática. Esta manifestación se declina de diversas maneras: como primacía de los Ejecutivos frente a los Parlamentos, como distanciamiento de las élites respecto de los gobernados, como desplazamiento de los partidos hacia un centro que hace imposible las alternativas, como desconsideración de lo que realmente quiere la sociedad… La democracia es un espacio abierto donde, en principio, cualquiera puede hacer valer su opinión, que posibilita mil formas de presión, e incluso se tiene la posibilidad de echar a los Gobiernos. Esto funciona relativamente bien. En las sociedades democráticas no faltan espacios abiertos de influencia y movilización, redes sociales, movimientos de protesta, manifestaciones, posibilidades de intervención y bloqueo.


Lo que no va tan bien es la política, es decir, la posibilidad de convertir esa amalgama plural de fuerzas en proyectos y transformaciones políticas, dar cauce y coherencia política a esas expresiones populares y configurar el espacio público de calidad donde todo ello se discuta, pondere y sintetice. Algo tiene que ver con esto el hecho de que para quienes actúan políticamente cada vez sea más difícil formular agendas alternativas. Estamos en una era postpolítica, de democracia sin política. Tenemos una sociedad irritada y un sistema político agitado, cuya interacción apenas produce nada
nuevo, como tendríamos derecho a esperar dada la naturaleza de los problemas con los
que tenemos que enfrentarnos.


Dicen los expertos que el retroceso de la participación electoral no viene acompañado por una falta de desinterés hacia el espacio público. La ciudadanía huye de las formas clásicas de organización, lo que es compatible con crecientes modalidades de compromiso individual, un activismo que no está ideológicamente articulado en un marco ideológico que le proporcione coherencia y totalidad, como podía ser el caso de las tradicionales ideologías omnicomprensivas. En la actualidad, el espacio digital ha abierto nuevas posibilidades de activismo político.


Plataformas de movilización en torno a causas concretas que permiten ejercer un clicktivism concreto a favor de buenas causas que contrasta con las adscripciones ideológicas abstractas, objeto de una general incredulidad. Para amplios sectores de la población, la realidad representada por los partidos jerárquicos ya no resulta atractiva, mientras que la cultura virtual de la red les permite articular cómodamente sus disposiciones políticas fluidas e intermitentes, e incluso situarse off line en cualquier momento.


Sobran ejemplos de activismo y “soberanía negativa” en el espacio físico, y ahora también vinculados a la movilización digital: manifestaciones y performances que obtuvieron una cierta celebridad, las plataformas contra los deshaucios, la intervención de las acusaciones particulares en los procesos judiciales, la resistencia exitosa contra ciertas obras públicas e infraestructuras…
Se puede entender que no funciona la articulación de las demandas sociales en programas coherentes que compitan en una esfera pública de calidad; en definitiva, falla la construcción política e institucional de la democracia más allá de la emoción del momento, de la presión inmediata y la atención mediática.


A quien reivindica algo que le parece justo no tenemos por qué exigirle que lo acompañe de un programa político completo y una memoria económica, por supuesto. Pero el espacio público no se reduce a la mera agregación apolítica de preferencias incoherentes, agrupadas como si no hubiera ninguna prioridad entre ellas e incluso ciertas incompatibilidades. Alguien se debería ocupar de ordenar esas reivindicaciones con criterios políticos y gestionar democráticamente su posible incompatibilidad. Pero, ¿hay alguien ahí? Si la política (y los tan denostados partidos) sirve para algo es precisamente para integrar con una cierta coherencia y autorización democrática las múltiples demandas que surgen continuamente en el espacio de una sociedad abierta. Se bloquea la construcción de infraestructuras, que seguramente no deberían hacerse, o no de ese modo, pero seguimos sin saber qué debería hacerse en materia de infraestructuras; detenemos los desahucios pero eso no sirve sin más para incentivar el crédito y hacer una política de vivienda más justa; podemos parar la privatización de los hospitales públicos, pero eso no determina qué tipo de política sanitaria debe hacerse. La política cuya presencia echo en falta es la que comienza cuando se terminan las buenas razones de la sociedad, donde se acaba la tarea del soberano negativo y comienza la responsabilidad del soberano positivo.


Al hecho de que las demandas sociales estén desarticuladas se añade la circunstancia de que tales reivindicaciones son plurales, lógicamente, y en ocasiones incompatibles o contradictorias: unos quieren más impuestos y otros menos, unos software libre y otros protección de la intimidad y la propiedad, a unos les preocupa que haya menos libertades y a otros que haya demasiados emigrantes… Sin una valoración política es difícil saber cuándo se trata del bloqueo de reformas necesarias o de una protesta frente al abuso de los representantes. La protesta contra ciertas infraestructuras puede estar motivada por razones ecológicas, pero también por otras menos confesables o por sentimientos xenófobos si lo que se va a construir es una mezquita. En cualquier caso, a quienes tienden a celebrar la espontaneidad social conviene recordarles que la sociedad no es el reino de las buenas intenciones. La legitimidad de la sociedad para criticar a sus representantes no quiere decir que quienes critican o protestan tengan necesariamente razón. El estatus de indignado, crítico o víctima no le convierte a uno en políticamente infalible.


Existe además otro fenómeno de resistencia social antipolítica que merecería una especial atención. Haciendo referencia al hecho de que alrededor o en los extremos de los partidos se han configurado tea parties que se erigen como protectores de los valores, representantes de las víctimas, portavoces de la multitud o de alguna revolución pendiente. Desde estas trincheras apolíticas parecen dominarse las cosas con una claridad de la que no disponen quienes tratan habitualmente con el principio de realidad. La ira de esos grupos no se dirige tanto a los adversarios como a los propios cuando amagan con rebajar el nivel de lo políticamente innegociable. Extienden una mentalidad antipolítica porque no han entendido que la política comporta siempre ciertos compromisos y concesiones. Los sectores duros de los partidos marcan el paso de una manera que probablemente no les corresponde con criterios de representatividad y dificultan ciertas reformas para las que se requiere el acuerdo político con los adversarios.


Dicen las encuestas que la política se ha convertido en uno de nuestros principales problemas. ¿En esta opinión se expresa una nostalgia por la política desaparecida, una crítica ante su mediocridad o más bien un desprecio antipolítico hacia algo cuya lógica no se acaba de entender? En cualquier caso, los ciudadanos tendríamos más autoridad con nuestras críticas si pusiéramos el mismo empeño en formarnos y comprometernos. Y tal vez entonces caigamos en la cuenta de que nos encontramos en la paradoja de que nadie confía a la política lo que solo la política podría resolver.