JÓVENES CIUDADANOS: Venezuela, ¿Estado corrupto?

Para cerrar cada módulo del programa Jóvenes Ciudadanos, los participantes realizan un ensayo sobre alguna de las sesiones. Hoy compartimos el de Verónica Barboza sobre corrupción, tema surgido de la clase de Gobiernos Abiertos, uno de los mejores ensayos del tema.

VENEZUELA, ¿ESTADO CORRUPTO?

Quizás desde la primera década de los 2000 los ciudadanos nos hicimos mucho más conscientes del manejo del Estado. Lamentablemente y sin desprestigiar la historia de Venezuela, desde inicios del nuevo milenio el Estado venezolano se enfrentó a un régimen político que fue trastocando cada una de las instituciones gubernamentales. Digo que sin desprestigiar la historia de Venezuela porque si bien el país ya se había enfrentado a regímenes militares antes, nunca se había gestado un caldo de desinterés en lo político tan perfecto como para que un personaje como Hugo Chávez, siendo una figura indultada por intento de golpe de Estado, llegara al poder.

Desglosar los pilares de un Estado democrático es fundamental para entender donde trastoca las bases de la Democracia el fenómeno de la corrupción. El Estado de Derecho como sistema de pesos y contrapesos que garantiza el buen funcionamiento y la legalidad y legitimidad del Estado está conformado por tres bases; la primera, el imperio de la ley; la segunda, la garantía a los derechos humanos y; la tercera, la separación de poderes. Los tres en conjunto y de manera interconectada conforman el Estado de Derecho, esto es, si uno es atacado, los demás de ven afectados.

Para evaluar la situación de Venezuela es necesario precisar algunas cuestiones sobre la corrupción, entendiéndolo no como un fenómeno aislado, sino como una conducta sistemática que en todos los peldaños de los organismos del Estado y de la Administración Publica. En base a ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya para el año 2019 haciendo un estudio de la corrupción en las Américas establecía que, para el ámbito relevante al derecho internacional de los derechos humanos, la corrupción no está constituida sólo por actos tipificados penalmente, sino por todas aquellas prácticas que suponen un abuso o desvío del poder público en beneficio privado, dejando atrás la percepción de este fenómeno como algo inherente a las estructuras del Estado únicamente sino que trasciende a los funcionarios públicos en ejercicio de forma individual.

Hago énfasis en la administración pública porque lo que caracteriza a todo acto de corrupción es que se produce alguna forma de abuso o desviación de poder. Los actos son situaciones que derivan de la voluntad humana y, en este caso de un funcionario que este en una posición de poder. La corrupción, en consecuencia, está asociada directamente con situaciones de poder.

En palabras de la CIDH en aquel informe de 2019: “la característica esencial del fenómeno se constituye por la situación de poder delegado en una autoridad pública”. Es cierto que existen distintas manifestaciones de poder derivadas del sector privado, corporativos o económicos. Sin embargo, estas son relevantes en la medida que se vinculen con el interés público, esto es, que trasciendan de la esfera privada.

Existen diversas manifestaciones y distenciones sobre la corrupción. La distinción tradicional fue elaborada por Transparencia Internacional que las separa entre “corrupción menor” y “gran corrupción”. La primera, se da en la relación directa entre el funcionario público y la ciudadanía; y la segunda, corresponde a aquella que se presenta en las altas esferas de poder y que involucra cuantiosos recursos. Es decir, que las manifestaciones varían en los grados de poder en la relación del funcionario con los asuntos públicos, pero en todos sus grados trastocan la legitimidad de las instituciones.

Probablemente hace algunos años se hubiera pasado por alto la relación que tiene la corrupción con los derechos humanos, pensándose la única consecuencia que se obtenía de una desviación de poder era en el ámbito económico, siendo favorable para el funcionario que incurría en esta práctica porque disponía de los recursos del Estado de manera mal habida y desfavorable, evidentemente para las riquezas de la nación. Sin embargo, a mi juicio, quizás lo más perjudicial que podría derivar de esto es que el uso abusivo o desvío del poder delegado es una cuestión que las violaciones de los derechos humanos con la corrupción, dado que en ambos casos se está ante la preocupación por el control, los límites y la legitimidad del poder público.

La falta de legitimidad está estrechamente ligada con desplazamiento del interés público por el beneficio personal siendo una forma específica de corrosión de la confianza depositada en los actores de poder que trasciende a la persona que incurre en actos de corrupción porque debilita a las instituciones gubernamentales. Es curioso porque según el texto constitucional y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos incurrir en abuso o desviación de poder constituye un vicio en el ejercicio de la Administración pública, tachando los actos administrativos de nulidad absoluta.

Sin embargo, como la corrupción va corroyendo las instituciones democráticas se produce el rompimiento de un mandato normativo pasando por alto cada vicio que se pueda presentar porque el interés en el bienestar público fue desplazado y prevalece el personal. El impacto es institucional y no se agota en las consecuencias económicas.

A viva voz se nota que Venezuela está sumergida en la corrupción y no por la crisis económica, sino por la emergencia humanitaria compleja y la falta de interés en lo público. En palabras de otro, requiere un verdadero esfuerzo intelectual entrelazar todos los males del Estado venezolano con un solo fenómeno, la corrupción. El crimen organizado, los paraísos fiscales, el lavado de dinero, el vicio de desviación de poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, incluso lo que se ha denominado como la “captura del Estado” trastocan la confianza depositada en las instituciones gubernamentales quienes deberían ser las primeras encargadas de resguardar los asuntos de interés público.

Transparencia internacional desarrollo una herramienta para el seguimiento de los casos de corrupción para aproximarse a la gran corrupción que viven las Américas, específicamente Venezuela, denominada el Corruptometro. Para el año 2020 identificó un total de 236 casos de corrupción de los cuales sólo se conoce la cantidad de dineros públicos comprometida en 114 casos: 52.098.420.753 dólares.

Según resultados de Transparencia Internacional “El monto de $52.098 millones equivale a ocho veces las reservas internacionales de Venezuela (BCV, enero 2020) y a dos años de ingresos por exportaciones de petróleo ($45.810 millones correspondientes a 2018 y 2019)”. Aquí el problema no es únicamente el robo de los ingresos del Estado, el problema es que eso se refleja en la calidad de vida de todos y cada uno de los venezolanos y en la garantía a sus derechos humanos y limitarse a hablar únicamente de lo económico seria coartar la magnitud de este fenómeno a su consecuencia más simple.